Emprender un negocio puede resultar abrumador, sobre todo si se consideran las obligaciones que deben cumplirse con diferentes organismos de control, así obligaciones tales como impuestos nacionales, locales, obligaciones patronales, etc. suelen ser ignoradas al momento de planificar un nuevo negocio lo que ocasiona que las “utilidades” previstas muchas veces resulten insuficientes para cubrir estas obligaciones y el nuevo empresario siente que está trabajando para el Estado.
Esta carga de obligaciones hace que resulte tentador para muchos iniciar su negocio de manera informal, esto es sin un Registro Único de Contribuyentes (RUC), sin facturación y por lo tanto sin cumplir sus obligaciones de naturaleza tributaria, en consecuencia, cuando se integran personas a colaborar con la empresa tampoco se mantiene una relación laboral formal y se incumplen las obligaciones patronales. Todas estas decisiones llevan implícito un elevado riesgo que tarde o temprano deriva en sanciones como clausuras, multas, mora patronal e inclusive podrían ocasionar demandas, indemnizaciones y responsabilidades de naturaleza penal.
Adicionalmente, la formalidad con la que se desarrolla una actividad económica tiene varias ventajas y factores a considerar como por ejemplo: la protección de la propiedad intelectual, la visibilización como agente económico permitiendo la construcción de un perfil crediticio confiable, la generación de empleo formal que contribuye al fortalecimiento del tejido social y la transparencia de la conformación del ingreso y el patrimonio.
Las “ventajas” de la informalidad son una falacia.